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Primer Proyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética.
Teresa Rivera, Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, celebró el pasado 8 de abril la aprobación en el Congreso del primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética como instrumento clave para modernizar y transformar nuestro país.
Desde el pasado 19 de mayo, todos los grupos parlamentarios han estado trabajando en la definición de esta ley que en estos momentos se encuentra en el último peldaño para ser aprobada.
El texto pendiente de ser aprobado por el Senado establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable.
Este proyecto de ley, en palabras de la vicepresidenta, supone “una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización”.
Instrumento clave para la modernización de la industria española
La nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.
La vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta.
Objetivos ambiciosos, más allá de las exigencias europeas
La ambición del proyecto se refleja en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura). Mientras la meta fijada por la Unión Europea se establece en un 26% de reducción de emisiones, España se compromete mediante este proyecto de ley a reducir sus emisiones en un 39%.
Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España una penetración de renovables del 42% en el consumo final de energía para 2030 mientras que Europa establece el objetivo entre un 38% y un 40%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
“Sin duda, es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento”, ha afirmado Ribera, en referencia a “una ley que garantiza cauces de participación, de actualización y de mejora constante”. Una ley que es buena para todos, para las generaciones actuales y las futuras, para no dejar a nadie atrás, a ningún colectivo y a ningún territorio, para proteger la competitividad de nuestro tejido industrial y para proteger la biodiversidad. En definitiva, es un proyecto de país creíble en línea con la transformación y recuperación de la crisis del COVID en clave verde por la que apuesta la UE para todos los sectores de la sociedad.
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